Quienes padecen crímenes deben ser considerados como sujetos políticos relevantes. A ellos el Estado debe brindarles un trato más correcto.
El presidente de la Izquierda Democrática, Gentili R, se refirió en Radio Vorterix al artículo publicado en Clarin.
Los hechos de violencia sucedidos en estos días evidencian que la seguridad -como bien público- está sensiblemente deteriorada en nuestro país. Ante esto, un sector de la política ha interpretado la preocupación de la opinión pública por la seguridad en clave de reclamo por más policías en la calle y más cámaras de seguridad. Lo que se dice la mano dura del Estado, o el despliegue de fuerzas represivas.
El sector opuesto pone el acento en las causas del delito, a las que asocia a las condiciones de desigualdad social y denuncia – con razón- que está comprobado que este tipo de medidas no reducen las tasas de delitos ni la inseguridad en la población, por el contrario, generan más violencia social.
Este segundo enfoque termina desplazándose, por lo general, hacia una visión “justificadora” del que comete el delito, que es víctima de la injusticia social. El problema de esta visión es que remite a causas tan generales del delito (la insequidad social) que posterga la solución del problema a un futuro ideal e incierto.
Aquellos que sostenemos ideologías progresistas, que creemos en el valor de la igualdad y la justicia social, solemos sentirnos más cómodos con la segunda postura, ya que está más cerca de comprender las causas que explican el fenómeno del aumento de los delitos. Aun así, es hora de reconocer que esta perspectiva tiende a desatender a la víctima del delito común, lo cual es un grave problema.
Por definición, el sistema penal tiende a olvidarse de las víctimas. Ha costado mucho (y sigue costando) que se las reconozca como partes activas en los procesos penales:
-El titular de la acción penal no es la víctima sino el fiscal.
-La otra parte es la defensa del acusado.
-El juez actúa garantizando las reglas del debido proceso
-La víctima termina corrida de escena, dejada de lado.
El movimiento de derechos humanos y los movimientos que se generaron -ya en democracia- ante diferentes delitos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad ( casos de gatillo fácil, trata de personas, etc.) y por otras agencias estatales (casos cromañón, Kheyvis, Beara, Once, etc.), han logrado revertir esta lógica. En estas causas, las víctimas (y sus familiares) son parte fundamental del proceso. Es más, casi siempre fue gracias a su acción que se lograron condenas penales. La clave de estos movimientos fue poner a las víctimas como sujetos políticos centrales y primordiales, a los que había que cuidar, y a los que el Estado debía darles una respuesta justa, en tiempo y forma.
Entonces, nos preguntamos: ¿ por qué está perspectiva no puede ser incorporada a los casos de víctimas de delitos comunes? No encontramos respuestas razonables que lo justifiquen. No hacerlo sería dejar que la perspectiva de la víctima del delito común termine siendo la que reclaman los partidarios de la mano dura. Y ya vimos a dónde nos lleva eso.
Lejos estamos de poder proponer una solución global al problema de la inseguridad. Aquellos que provenimos de ideologías de izquierda debemos hacernos cargo de un problema que afecta a toda la sociedad e incluir a las víctimas dentro de nuestras propuestas.